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Manifiesto de los economistas aterrados

CRISIS Y DEUDA EN EUROPA: 10 FALSAS EVIDENCIAS, 22 MEDIDAS EN DEBATE PARA SALIR DEL ATOLLADERO

Introducción

La reactivación económica mundial, lograda por medio de una colosal inyección de gasto público en el circuito económico (de los EEUU a China), es frágil pero real. Un solo continente se queda atrasado, Europa. Encontrar el camino del crecimiento no es su prioridad política. Europa entró en otra vía: la de la lucha contra los déficits públicos.

En la Unión Europea estos déficits son elevados, es verdad, -7% en promedio en el 2010-, pero mucho menos que el 11% de los EEUU. Mientras algunos Estados norteamericanos de peso económico superior al de Grecia, California por ejemplo, están cercanos a la quiebra, los mercados financieros decidieron especular sobre la deuda soberana de los países europeos, particularmente los del sur. Europa está prisionera de su propia trampa institucional: los Estados deben tomar créditos ante instituciones financieras privadas que obtienen liquidez a bajo precio del Banco Central Europeo. Así, los mercados tienen la llave del financiamiento de los Estados. En este marco la ausencia de solidaridad europea suscita la especulación, tanto más cuanto que las agencias de calificación juegan a acentuar la desconfianza.

Fue necesaria la degradación de la nota de Grecia por la agencia Moody’s el 15 de junio, para que los dirigentes europeos retomaran el término de “irracionalidad” que tanto emplearon al inicio de la crisis de los subprimes. De este modo se descubre que España está más amenazada por la fragilidad de su modelo de crecimiento y de su sistema bancario que por su deuda pública.

Para “tranquilizar los mercados” se improvisó un Fondo de estabilización del euro, y se lanzaron por toda Europa drásticos, y a menudo ciegos, planes de reducción del gasto público. Los funcionarios son las primeras víctimas, incluso en Francia, en donde el alza de cotizaciones de su previsión será una disimulada baja de sus salarios. El número de funcionarios disminuye en todas partes, amenazando los servicios públicos. Las prestaciones sociales, de los Países Bajos a Portugal, pasando por Francia con su actual reforma de la previsión, están siendo gravemente amputadas. El paro y la precariedad del empleo crecerán forzosamente en los años venideros. Estas medidas son irresponsables desde un punto de vista político y social, e incluso en el estricto ámbito económico.

Esta política, que ha calmado muy provisionalmente la especulación, tiene ya consecuencias sociales muy negativas en numerosos países europeos, particularmente en la juventud, el mundo del trabajo y los más vulnerables. A corto plazo agudizará las tensiones en Europa y con ello amenazará la propia construcción europea que es mucho más que un proyecto económico. Se supone que en ella la economía está al servicio de la construcción de un continente democrático, pacífico y unido. En lugar de eso, se impone por todas partes una forma de dictadura de los mercados, y especialmente hoy en día en Portugal, España y Grecia, tres países que aun eran dictaduras a principios de los años 1970, hace apenas cuarenta años.

Que se la interprete como el deseo de “tranquilizar los mercados” por parte de gobiernos asustados, o bien como un pretexto para imponer decisiones dictadas por la ideología, la sumisión a esta dictadura no es aceptable puesto que ha demostrado su ineficacia económica y su potencial destructivo en los planos político y social.

Un verdadero debate democrático sobre las decisiones de política económica debe pues abrirse en Francia y en Europa. La mayor parte de los economistas que intervienen en el debate público lo hacen para justificar o racionalizar la sumisión de las políticas a las exigencias de los mercados financieros. En efecto, en todas partes los poderes públicos debieron improvisar planes keynesianos de reactivación e incluso nacionalizar temporalmente los bancos. Pero quieren cerrar este paréntesis lo más pronto posible. El software neoliberal siempre es el único que se reconoce como legítimo, a pesar de sus patentes fracasos. Este, fundado sobre la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros, recomienda reducir el gasto público, privatizar los servicios públicos, flexibilizar el mercado del trabajo, liberalizar el comercio, los servicios financieros y los mercados de capitales, aumentar la competencia en todo tiempo y lugar…

En tanto economistas, estamos aterrados al ver que estas políticas siguen a la orden del día y que sus fundamentos teóricos no son cuestionados. No obstante, los argumentos avanzados desde hace treinta años para orientar las decisiones de política económica europea son desmentidos por los hechos. La crisis desnudó el carácter dogmático e infundado de la mayor parte de las pretendidas evidencias repetidas hasta la saciedad por quienes deciden y por sus consejeros. Ya se trate de la eficacia y de la racionalidad de los mercados financieros, de la necesidad de mutilar el gasto para reducir la deuda pública o de reforzar el “pacto de estabilidad”, hay que interrogar dichas falsas evidencias y mostrar la pluralidad de decisiones posibles en materia de política económica. Otras decisiones son posibles y deseables, a condición, primero que nada, de liberarse del dominio impuesto por la industria financiera sobre las políticas públicas.

Hacemos más adelante una presentación crítica de diez postulados que continúan inspirando cada día las decisiones de los poderes públicos en toda Europa, a pesar de los brutales desmentidos aportados por la crisis financiera y sus consecuencias. Se trata de falsedades que inspiran medidas injustas e ineficaces, frente a las cuales exponemos veintidós contra-propuestas para debatir. Cada una de ellas no goza necesariamente de la unanimidad de las personas signatarias de este manifiesto, pero deben ser tomadas en serio si queremos sacar a Europa del atolladero.

Falsas evidencias y medidas

Falsa evidencia n°1: los mercados financieros son eficientes.

Falsa evidencia n°2: los mercados financieros son favorables al crecimiento económico.

Falsa evidencia n°3: los mercados son buenos jueces de la solvencia de los Estados.

Falsa evidencia n°4: el aumento de la deuda pública resulta de un aumento del gasto.

Falsa evidencia n°5: hay que reducir el gasto para reducir la deuda pública.

Falsa evidencia n°6: la deuda pública le hará pagar nuestros excesos a nuestros nietos.

Falsa evidencia n°7: hay que tranquilizar a los mercados financieros para financiar la deuda pública.

Falsa evidencia n°8: la Unión Europea defiende el modelo social europeo.

Falsa evidencia n°9: el euro nos protege contra la crisis.

Falsa evidencia n°10: la crisis griega permitió avanzar hacia un gobierno económico y una verdadera solidaridad europea.

juan_0316 escribió:Hecho en falta en el manifiesto una explicación del porqué de algunas falsas evidencias: En concreto, 4 y 5 (que son la misma) y la 6. No las necesito de las demás porque lo tengo más que claro desde hace tiempo.

FALSA EVIDENCIA N° 4 : LA SUBIDA ESPECTACULAR DE LAS DEUDAS PÚBLICAS ES EL RESULTADO DE UN EXCESO DE GASTOS

Michel Pébereau, uno de los “padrinos” de la banca francesa, describía en 2005 en unos de estos informes oficiales ad hoc a una Francia asfixiada por la deuda pública y sacrificando sus generaciones futuras al entregarse a unos gastos sociales irreflexivos. El Estado que se endeuda como un padre de familia alcohólico que bebe por encima de sus medios: ésta es la visión que suelen propagar la mayoría de los editorialistas. La reciente explosión de la deuda pública en Europa y en el mundo se debe en todas partes a otra cosa: a los planes de salvamiento de las finanzas y, sobre todo, a la recesión provocada por la crisis bancaria y financiera que empezó en 2008: el déficit público medio en la zona euro era sólo el 0,6% del PIB en 2007, pero la crisis le ha hecho pasar al 7% en 2010. Al mismo tiempo la deuda pública ha pasado del 66% al 84% del PIB.

Sin embargo, el aumento de la deuda pública tanto en Francia como en muchos países europeos fue primero moderada y anterior a esta recesión: proviene en gran parte no de una tendencia a la subida de los gastos públicos (puesto que, al contrario, desde principios de la década de 1990 estos son estables o en baja en la Unión Europea en proporción al PIB) sino del desmoronamiento de los ingresos públicos debido a la debilidad del crecimiento económico en el periodo y a la contrarrevolución fiscal que han llevado a cabo la mayoría de los gobiernos desde hace veinticinco años. A más largo plazo la contrarrevolución fiscal ha alimentado continuamente el hinchamiento de la deuda de una recesión a otra. Así, en Francia un reciente informe parlamentario cifra en 100.000 millones de euros en 2010 el coste de las bajadas de impuestos consentidas entre 2000 y 2010, sin incluir siquiera las exoneraciones de cotizaciones sociales (30.000 millones) y otros “gastos fiscales”. A falta de una armonización fiscal, los Estados europeos se han entregado a la competencia fiscal, bajando los impuestos a las sociedades, los altos ingresos y los patrimonios. Aunque el peso relativo de sus determinantes varíe de un país a otro, la subida casi general de los déficits públicos y de las ratios de deuda pública en el curso de los treinta últimos años no resulta principalmente de una deriva culpable de los gastos públicos. Un diagnóstico que, evidentemente, abre otras pistas que la sempiterna reducción de los gastos públicos.

Para restaurar un debate público informado sobre el origen de la deuda y, por lo tanto, de los medios de remediarla, proponemos debatir una propuesta:

Medida n° 9 : realizar una auditoría pública de las deudas públicas para determinar su origen y conocer la identidad de los principales poseedores de títulos de la deuda y los montantes que poseen.

FALSA EVIDENCIA N°5: HAY QUE REDUCIR LOS GASTOS PARA REDUCIR LA DEUDA PÚBLICA

Aunque el aumento de la deuda pública resultara en parte de un aumento de los gastos públicos, cortar en estos gastos no contribuiría necesariamente a la solución porque la dinámica de la deuda pública no tiene mucho que ver con la de un hogar: la macroeconomía no es reducible a la economía doméstica. Generalmente la dinámica de la deuda depende de varios factores: el nivel de los déficits primarios, pero también la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento nominal de la economía.

Y es que si este último es más débil que la tasa de interés la deuda va a crecer mecánicamente debido al “efecto bola de nieve”: explota el importe de los intereses y también el déficit total (incluidos los intereses de la deuda). Así, a principios de la década de 1990 la política del franco fuerte que llevó a cabo Bérégovoy y se mantuvo a pesar de la recesión de 1993-94 se tradujo en una tasa de interés más elevada de forma duradera que la tasa de crecimiento, lo que explica el salto de la deuda pública de Francia durante este periodo. Es el mismo mecanismo que explicaban el aumento de la deuda durante la primera mitad de la década de 1980 bajo el impacto de la revolución neoliberal y de la política de tasas de interés elevadas que llevaron a cabo Ronald Reagan y Margaret Thatcher.

Pero la propia tasa de crecimiento no es independiente de los gastos públicos: a corto plazo la existencia de gastos públicos estables limita la magnitud de las recesiones (“estabilizadores automáticos”); a largo plazo las inversiones y gastos públicos (educación, sanidad, investigación, infraestructuras …) estimulan el crecimiento. Es falso afirmar que todo déficit público crece tanto como la deuda pública o que toda reducción del déficit permite reducir la deuda. Si la reducción de los déficit compromete la actividad económica la deuda aumentará aún más. Los comentaristas liberales subrayan que algunos países (Canadá, Suecia, Israel) realizaron unos ajustes brutales de sus cuentas públicas en la década de 1990 e inmediatamente después conocieron un fuerte rebote del crecimiento. Pero esto sólo es posible si el ajuste concierne a un país aislado, que vuelve a ganar competitividad sobre sus rivales. Lo que evidentemente olvidan los partidarios del ajuste estructural europeo es que los países europeos tienen por principales clientes y rivales a otros países europeos ya que la Unión Europea está globalmente poco abierta al exterior. Una reducción simultánea y masiva de los gastos públicos del conjunto de los países de la Unión Europea sólo puede tener como efecto una recesión agravada y, por lo tanto, una nueva subida de la deuda pública.

Para evitar que el restablecimiento de las finanzas públicas provoque un desastre social y politico proponemos debatir dos medidas:

Medida n°10 : mantener el nivel de las protecciones sociales, incluso mejorarlas (subsidio de desempleo, vivienda…);

Medida n°11 : aumentar el esfuerzo presupuestario en materia de educación, de investigación, de inversion en reconversión ecológica… para establecer las condiciones de un crecimiento sostenible que permita un fuerte descenso del paro.

FALSA EVIDENCIA N°6: LA DEUDA PÚBLICA TRASLADA EL PRECIO DE NUESTROS EXCESOS A NUESTROS NIETOS

La afirmación de que la deuda pública sería una transferencia de riqueza en detrimento de las generaciones futuras es otra afirmación falsa que confunde economía doméstica y macroeconomía. La deuda pública es un mecanismo de transferencia de riquezas, pero es sobre todo de los contribuyentes ordinarios hacia los rentistas.

En efecto, basándose en la creencia raramente verificada según la cual bajar los impuesto estimularía el crecimiento y aumentaría in fine los ingresos públicos, desde 1980 los Estados europeos han imitado a Estados Unidos en una política sistemática de hacer la oferta fiscal más baja. Se han multiplicado las reducciones de impuestos y de cotizaciones (sobre los beneficios de las sociedades, sobre los ingresos de los particulares más acomodados, sobre los patrimonios, sobre las cotizaciones patronales…), pero su impacto en el crecimiento económico sigue siendo muy incierto. Por consiguiente, estas políticas fiscales anti-redistributivas han agravado a la vez y de manera acumulativa las desigualdades sociales y los déficits públicos.

Estas políticas fiscales han obligado a las administraciones públicas a endeudarse con hogares acomodados y mercados financieros para financiar los déficits así creados. Es lo que se podría llamar “el efecto jackpot”: con el dinero ahorrado de sus impuestos los ricos han podido adquirir títulos (portadores de interés) de la deuda pública emitida para financiar los déficits públicos provocados por la reducciones de los impuestos… Así, el servicio de la deuda pública en Francia representa 40.000 millones de euros, casi tanto como las recaudaciones del impuesto sobre la renta. Tour de force tanto más brillante cuanto que a continuación se ha logrado hacer creer al público que los culpables de la deuda pública eran los funcionarios, los jubilados y los enfermos.

Por consiguiente, el aumento de la deuda pública en Europa o en Estados Unidos no es el resultado de políticas keynesianas expansionistas o de políticas sociales dispendiosas sino más bien de una política en favor de las capas privilegiadas: los “gastos fiscales” (bajadas de impuestos y de cotizaciones) aumentan los ingresos disponibles de quienes menos lo necesitan, los cuales gracias a ello pueden aumentar más sus inversiones, sobre todo en Bonos del Tesoro, que son remunerados en intereses por medio del impuesto procedente de todos los contribuyentes. En resumen, se establece un mecanismo de redistribución al revés, desde las clases populares hacia las clases acomodadas (*), vía la deuda pública cuya contrapartida es siempre la renta privada.

Para rectificar de manera equitativa las finanzas públicas en Europa y en Francia proponemos debatir dos medidas:

Medida n°12 : volver a dar un carácter fuertemente redistributivo a la fiscalidad directa sobre los ingresos (supresión de los vacíos fiscales, creación de nuevas series y aumento de las tasas del impuesto sobre la renta…)

Medida n°13 : suprimir las exoneraciones consentidas a las empresas que no tienen suficiente efecto sobre el empleo.

juan_0316 escribió:Por último, rechazo un postulado del manifiesto ("La reducción de funcionarios 'amenaza' los servicios públicos"). Más bien incluiría como falsa evidencia la nº 12: "Los servicios públicos no están sobredimensionados")