DivX Clásico

Jacob escribió:Uno de los pocos que no estaba a sueldo de estos tipo era Enrique Dans, y cuenta su comparecencia en su blog.

Enrique Dans, en su blog, escribió:Tras revisar la cadena de valor de la industria y su inadaptación al nuevo entorno, traté de emplazarlos a plantear la reforma de la ley del copyright en términos de “viejo modelo vs. nuevo modelo”: el viejo modelo, el centrado en torno a los soportes y las copias, es un caballo muerto. Y cuando tienes un caballo muerto, puedes usar un látigo mejor, cambiar de jinete, amenazar al caballo con despedirlo, nombrar un comité de estudio de caballos muertos, visitar otros países a ver como montan caballos muertos, cambiar las leyes para favorecer a los caballos muertos, reclasificarlos como “vivos inmóviles”, unir varios caballos muertos en un mismo tiro, subvencionarlos, promocionarlos como supervisores de otros caballos, redefinir las prestaciones de los caballos para que los muertos cualifiquen mejor… pero al final, estarás mejor desmontando y cambiando de caballo.

miguel_HammerFilms escribió:Caidita de Roma...

Jacob escribió:

miguel_HammerFilms escribió:Caidita de Roma...

¿Lo cualo?

miguel_HammerFilms escribió:

Jacob escribió:

miguel_HammerFilms escribió:Caidita de Roma...

¿Lo cualo?

http://www.heraldo.es/noticias/sociedad ... _sgae.html

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Dardo escribió:
La UE declara ilegal el canon digital que se aplica en España

melegar escribió:.

Dardo escribió:
La UE declara ilegal el canon digital que se aplica en España

El Imparcial siempre con la verdad por delante.

Lo que la UE ha denunciado es el uso abusivo del Canon Digital.

Pero sólo porque también se cobra a empresas. A los usuarios que nos den. Porque presuponen que el comprar soportes digitales es adquirir pàtente de corso para piratear.

Dicho esto, no hay más hablar: no pirateamos puesto que pagamos. Lo disfracen como lo disfracen con la retórica que quieran.

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Con el panorama que dibuja la Ley Sinde se da la curiosa circunstancia de que las únicas páginas que podrán razonablemente considerarse inmunes a sus efectos son las webs que ya han sido llevadas a los tribunales y que han obtenido resoluciones que han declarado que no infringen derechos de propiedad intelectual. Así las cosas, la diana se pinta sobre aquellos administradores de páginas de enlaces que cumplan el requisito de no tener un procedimiento judicial pendiente o, con mayor razón, que éste no haya concluido con una resolución que les haya sido favorable.

Curiosamente para que las webs de enlaces puedan evitar a la comisión administrativa que se encargará de los cierres necesitarían que las acciones legales que anuncia la industria se interpongan antes de la entrada en vigor de la Ley Sinde y, por lo tanto, en los juzgados ordinarios. De este modo, si se constituyera la comisión teniendo esas webs pendientes el procedimiento judicial iniciado por la industria, no podría promoverse otro paralelo para resolver idéntica cuestión por parte de ese órgano administrativo. Además, si la sentencia que recayera en ese procedimiento fuera favorable a la web de enlaces -como es de esperar por los muchos casos idénticos ya resueltos- los demandantes no podrían volver a plantear esa misma cuestión en el futuro ante la comisión administrativa ni, en general, ante ningún órgano judicial por el llamado efecto de cosa juzgada.

La industria ha decidido suspender su batería de denuncias y demandas, consciente de que, hasta la fecha, esas acciones judiciales contra conocidas webs de enlaces han dado como fruto resoluciones que sólo han servido para inocularles una vacuna que las ha inmunizado frente a la futura comisión administrativa. Ante esta situación, la industria ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que retomarán sus acciones cuando entre en vigor la Ley Sinde para poder dirigir sus pretensiones ante el futuro órgano administrativo del que esperan obtener resoluciones hechas a medida. La suspensión de los ataques legales por parte de una industria que espera impaciente a una Ley en el octavo mes de embarazo, propicia una tregua temporal. Durante este tiempo, por un lado, aprovechan para presumir de poder atacar legalmente a las páginas de enlaces por considerarlas infractoras de sus derechos, pero, por el otro, descartan toda opción de ejercer hoy esos supuestos derechos por ser conscientes de que los jueces no están opinando lo mismo.

Me consta que, ante esta situación, no pocas páginas de enlaces con cierto volumen de tráfico cruzan los dedos para que esas mismas industrias que aseguran en la prensa tener derechos que se están viendo vulnerados interpongan las correspondientes demandas antes de la entrada en vigor de la Ley Sinde. Es decir, algunas páginas de enlaces comienzan a envidiar la situación de aquéllas que en su día sufrieron acciones judiciales pero que ahora han salido reforzadas con una resolución que las hace inatacables ante una comisión con la que probablemente no habrían tenido la misma suerte. “No te jactes tanto de poder demandarme y hazme el favor de hacerlo de una vez antes de que nazca el órgano concebido para darte la razón”, murmuran los que intuyen que el procedimiento ante la comisión no pasará de mero simulacro.

Puede que la satisfacción del deseo de esas webs se encuentre en una norma de hace casi 800 años. Concretamente en la ley 46, título II, partida tercera de la ley de Partidas de Alfonso X el Sabio, que regula la llamada “acción de jactancia”, declarada todavía vigente por el Tribunal Supremo en sentencia de 1988.

La “acción de jactancia” es precisamente aquella que puede interponerse contra aquél que presume de tener un derecho contra ti pero que, paradójicamente, no promueve ninguna acción legal para reivindicarlo. De este modo, esta vía sirve para obligar a quien dice poder reclamarte un determinado derecho a que lo ejerza de una vez o a que, en caso contrario, calle para siempre. La sentencia con la que terminaría ese procedimiento aclararía si realmente quien presumía de ostentarlo tiene o no tal derecho y, en caso contrario, se le impediría que volviera a plantear judicial o extrajudicialmente esa misma cuestión. Como dijimos, esta acción está refrendada por el Tribunal Supremo en sentencia de 1988 donde manifestó que "la jurisprudencia de esta sala tiene declarada la vigencia de la tan meritada ley 46 a los efectos que le son propios, que el que se jacta de un derecho lo ejercite en el término que se le fije y que de no hacerlo se le impone perpetuo silencio”.

Conocer esa acción y su vigencia, nos permite plantearnos preguntas muy interesantes. ¿Qué sucedería si las páginas de enlaces interpusieran la acción de jactancia contra la industria de los contenidos antes de la entrada en vigor de la Ley Sinde? Los procedimientos judiciales iniciados por la acción de jactancia se sustanciarían en tribunales ordinarios y, para cuando entrara en vigor la Ley Sinde, las webs de enlaces que tuvieran pendientes estos procedimientos provocados por ellas mismas no podrían ser denunciadas ante la comisión administrativa al tener prioridad el tribunal que empezó a conocer antes del asunto. De esta manera, con la acción de jactancia, se estaría obligando a la industria de los contenidos a que los cierres de páginas de enlaces se planteen forzosamente ante los jueces ordinarios, esto es, a que el debate jurídico se sostenga ante los mismos jueces que con la Ley Sinde pretenden sortear. Si, como cabría esperar razonablemente, la decisión judicial continúa la senda trazada por las múltiples resoluciones anteriores y declara que efectivamente no existe la tan cacareada vulneración de derechos de propiedad intelectual, esa sentencia declarativa crearía efecto de cosa juzgada e impediría que la industria volviera a plantear esa misma cuestión ante cualquier órgano, incluido el administrativo que nacería con la Ley Sinde.

Lanzo esta posibilidad al aire, no con objeto de fingirse milagrosa ni exenta de obstáculos prácticos o jurídicos, sino para que entre todos los compañeros la mejoremos, le demos forma y, si la consideramos con visos de prosperar, actuemos en consecuencia liberando un modelo de procedimiento que pueda utilizarse por cualquier ciudadano. Estando en los inicios de su estudio, no puede descartarse a estas alturas que esta vía pueda revelarse con el tiempo como simple vaporware, pero la posibilidad de que no lo sea y de que, por lo tanto, sirva para neutralizar completamente los efectos de la Ley Sinde, bien merece detenerse un momento para analizarla.

Cómo Alejandro Sanz y sus amigos se roban el dinero de los españoles, y los convencen de que el tirano es Chávez

Luigino Bracci Roa
Aporrea
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=117103

Es curiosa la visita de Alejandro Sanz en estos momentos a Venezuela. Un eterno crítico del Presidente Chávez, que desconoce absolutamente el nivel de cambios y transformaciones en Venezuela, viene a pesar de sus promesas pasadas de no cantar más en el país hasta que Chávez deje de ser Presidente.

En 2003-2004, mientras José María Aznar enviaba tropas españolas a Irak asegurando que ese país tenía armas de destrucción masiva, Alejandro Sanz acusaba reiteradamente a Chávez de ser un "tirano", burlándose de él y respaldando abiertamente a la oposición cuando ésta recolectó firmas contra el Presidente Chávez en 2004. Los conciertos de Sanz en Venezuela difícilmente eran multitudinarios (apenas 4 mil asistentes en el estadio de la UCV en 2004). Colectivos en Internet organizaron aquel año, sin mucha publicidad, una recolección de firmas contra Alejandro Sanz. Aunque no esperaban recolectar más de mil o dos mil firmas, reunieron unas 243 mil.

Pero en nuestro país, muchos desconocemos las realidades que los gobiernos de derecha han implantado en España. Medidas que jamás soñaríamos ver aplicadas en nuestro país, pero que han beneficiado enormemente a Alejandro Sanz y otros sirvientes de las transnacionales del entretenimiento.

Sanz, al igual que muchos músicos comerciales españoles, se benefician del "canon", un impuesto que el gobierno de ese país cobra a absolutamente toda persona que compre medios digitales. Si vas a comprar en España un CD o DVD virgen, un reproductor de MP3, un disco duro, un celular que reproduzca MP3 o MP4 o similares, el Estado español te cobrará un impuesto presuponiendo que tú eres un criminal, que usará esos aparatos para copiar música ilegalmente y quitarle dinero al pobre y desafortunado de Alejandro Sanz y sus amigos.

En Wikipedia podemos ver una tabla, que indica los impuestos a pagar:

* por un disco duro, 12 euros o 70 BsF;
* por un reproductor de MP3 o MP4, el impuesto es de 3,15 euros o 18,5 BsF;
* por un escáner, 9 euros o 52 BsF;
* por un celular que reproduzca MP3, 1,17 euros;
* por cada CD virgen, 0,17 euros (1 BsF); por cada DVD virgen, 0,44 euros (2,58 BsF). En efecto, el impuesto es mayor que el costo del CD ó DVD virgen.
* por una fotocopiadora, entre 13 a 227 euros (de 76 a 1.334 BsF), dependiendo de la cantidad de páginas por minuto que pueda procesar.
* Qué raro que no cobren canon a quienes compren papel o cuadernos, ¿verdad?

Este impuesto es adicional al Impuesto al Valor Agregado o IVA, que en ese país alcanza el 18 por ciento (por cierto, el IVA también se inventó en España).


La Asociación de Internautas de España ha denunciado repetidas veces que, por culpa de este impuesto, los españoles deben pagar mucho más de lo que se cobra en otros países por los mismos productos. Por ejemplo, un paquete de 50 DVDs vírgenes cuesta en España 22 euros, pero en Alemania cuesta 6 euros. En Venezuela, a pesar de lo mal implementado que está el control de cambios, y a pesar de la especulación generada por los empresarios, sin embargo un paquete de 50 DVD vírgenes cuesta el equivalente a 12 euros, algo más de la mitad de lo que cuesta en España.



Los partidarios del canon (entre ellos la joyita de José María Aznar) aseguran que el mismo permite que las y los artistas puedan cobrar una compensación económica. La realidad es que la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores (una asociación privada que se dedica a la defensa de los derechos de las grandes transnacionales del mundo de la música, así como a los artistas comerciales que éstas representan) es quien cobra buena parte de los beneficios del impuesto. Supuestamente lo reparte entre los músicos; el reparto se realiza de forma proporcional a la "importancia" del autor.

Alejandro Sanz, según ellos, es un artista muy "importante". Así que, además de lo que Sanz recibe por la venta de sus discos y de los idiotas que pagaron en Venezuela hasta Bs.F. 2.500 (581 dólares o 427 euros) por verlo cantar, él también recibe una parte de ese canon que cobra la SGAE.



Sanz, en alusión al Presidente Chávez, dijo en 2004 que si alguien recogiera 3 millones de firmas para que él deje de cantar, lo haría. Seis años después, alguien logró algo parecido: la asociación Todos Contra el Canon logró en España 3 millones de firmas para que el canon digital sea eliminado. Sanz obviamente se quedó mudo; jamás atacaría a la mano que le ha dado miles y miles de euros de ganancia.



La SGAE es famosa por maniobras abusivas y absurdas para intentar recabar dinero, entre ellas:

* Contratar a un detective para infiltrarse en una boda, grabar las canciones en ellas reproducidas y luego multar con 600 euros a los recién casados, por supuestamente haber reproducido canciones sin permiso.
* Cobrar a las peluquerías 12 euros mensuales por colocar la radio a sus clientes.
* Cobrar a los gimnasios 180 euros mensuales por colocar música para hacer aerobics. Otro gimnasio tuvo que pagar 1.400 euros este año por la misma razón; fueron grabados por un detective con cámara oculta.
* Cobrar a una discoteca unos 2.280 euros porque sus DJs mezclaron música de Melendi, Alejandro Sanz o Amaral, junto a música Creative Commons. Los DJs tienen muchos temores, pues la SGAE envía a la policía a revisarlos constantemente exigiendo que mezclen usando CDs originales, e incluso se ha hablado de que los DJs tengan que sacarse una licencia ante la SGAE.

La policía de Madrid se presentó en la discoteca Low mientras el DJ Dani Rivero Baughman pinchaba su sesión en directo. La sala ya pagaba un canon de 500 euros mensuales a la SGAE, pero ésta igualmente envió a la policía a revisar que el DJ usara discos originales. Fuente: Hipersonica.

* Cobrar a un colegio en Galicia la cantidad de 100 euros, porque los alumnos de este colegio hicieron la obral teatral "Bodas de Sangre", del gran Federico García Lorca, poeta y dramaturgo izquierdista y republicano asesinado en plena Guerra Civil española por sus posiciones políticas y por ser homosexual, y quien de seguro estaría totalmente opuesto a esta ridiculez.

* Cobrar a eventos por presentar músicos, aún cuando éstos no están afiliados a la SGAE. A uno le cobraron 14 mil euros.
* Cobrar dinero a conciertos benéficos, como uno contra enfermedades degenerativas, que debió pagar a la SGAE aún habiendo dado pérdidas.
* Otro caso famoso es cuando intentaron cobrar 5.600 euros a un concierto benéfico para salvar la vida de un niño con la rara enfermedad de Alexander, en el cual David Bisbal tocó gratuitamente. La SGAE en efecto cobró el dinero, pero el escándalo fue de tales proporciones que decidieron devolverlo.


* Ni el pueblo saharaui se ha salvado; un concierto benéfico a favor de construir escuelas para niños y niñas de dicho lugar tuvo que pagar 3.200 euros a la SGAE.
* También demandaron a un pueblo completo, Santoyo, por colocar música en sus fiestas. Exigen al Ayuntamiento un pago de 6 mil euros.

* Y demandaron a otro pueblo, Fuente Obejuna (ubicado en Andalucía) por la realización de la obra teatral Fuenteovejuna, que escribió Lope de Vega hace casi 400 años. Le exigen 32 mil euros.



Para Alejandro Sanz, Chávez es un tirano. Pero nuestro "tirano" no es quien demanda a todo aquel que lo critique en los medios de comunicación. La SGAE sí lo hace:

* La Asociación de Internautas fue condenada a pagarles 36 mil euros, pues emitieron comentarios que supuestamente lesionan su honor.
* La SGAE exigió 9 mil euros de compensación a la revista Quimera, que ironizaba sobre sus tácticas.
* Demandaron al afamado diario Público, exigiendo una compensación de 30 mil euros dada la posición crítica de ese diario en contra del canon digital.
* A un bloguero, Julio Alonso, lo demandaron en 2007 por un artículo informativo en torno a ellos, exigiéndole 9 mil euros, eliminar la nota y publicar una rectificación. El artículo no era ofensivo ni insultante, sólo informaba de cómo algunas personas habían ideado una forma de hacer quedar mal a la SGAE usando búsquedas en Google.
* La organización anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) también fue demandada por la SGAE, exigiendo que pagaran 6 mil euros.
* SGAE demandó y forzó a Frikipedia a cerrar sus puertas (Frikipedia es una página web que parodia a Wikipedia, presentando con humor diferentes temas), exigiéndole entre 9 mil a 12 mil euros de compensación, ello por un artículo burlándose de esa organización. Frikipedia duró cerrada más de un año, y tuvo que pagar 600 euros de compensación.

El artículo por la cual fue demandada decía en parte:SGAE ("Siempre Ganamos Algunos Euros")ONG inspirada por la acción de Dios y que pretende salvar nuestras almas del Infierno, así como meternos entre ceja y ceja de una vez que, al contrario de lo que nos explicaron de pequeños, compartir es malo.Se dedica principalmente a defender los derechos de los grandes artistas (como David Bisbal, Alejandro Sanz, etc), recaudar dinero para obras benéficas (es decir, obras de ampliación de sus mansiones), la creación de asociaciones culturales y el cultivo de coles de Bruselas, así como diversas actuaciones de intimidación tipo mafia y organización de campañas de desinformación para el pueblo llano.


Luego de haber leído todo lo que ocurre constantemente en España, espero usted se una a quienes no aceptamos de ninguna forma que ciudadanos españoles vengan a criticar a nuestra país y nuestras libertades, miles de veces más amplias que las de ellos. Lamentablemente, la basura de medios que proliferan en España tienen a buena parte de su pueblo hipnotizado, haciéndoles creer que, del otro lado del charco, hay una cruel dictadura que tiene a los venezolanos sometidos, cuando la realidad es que son ellos quienes la viven.

No critico tu derecho a vivir feliz en tu dictadura, amigo español. Ve a ver a Alejandro Sanz este sábado, y déjame vivir mi "dictadura" en paz.


Les dejo un final musical a esta entrada: Toni A. Martínez & Gina - Cuando fuimos piratas



Fuente: http://aporrea.org/medios/a112562.html

El director de un centro de investigación financiado por la SGAE ha registrado a su nombre varias zarzuelas del siglo XIX de Barbieri o Chapí y está cobrando derechos de autor por unas obras que ya deberían estar en el dominio público.

Cada vez que alguna orquesta en el mundo interpreta "La Revoltosa", de Ruperto Chapí, hay un autor que cobra. No es el maestro Chapí, que murió hace ya 102 años, ni los creadores del libreto de esta famosa zarzuela: Carlos Fernández Shaw y José López Silva, también muertos. Tampoco sus herederos: esta obra, en teoría, ya está en el dominio público y no debería generar derechos de autor. El "compositor" vivo de La Revoltosa, el único que aún cobra derechos, nació más de medio siglo después de que esta zarzuela se estrenase. Se llama Emilio Casares Rodicio y tiene su despacho en el sótano del palacio de Longoria, en la sede de la SGAE en Madrid.

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Emilio Casares es el director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), un centro de investigación público sin ánimo de lucro, participado por la SGAE, que se dedica a reeditar y recuperar viejas obras del patrimonio musical español. En la práctica, el ICCMU tiene el monopolio de gran parte de las partituras de las que se nutren las orquestas y los teatros porque es el único que accede a los archivos de la SGAE. Cada vez que una orquesta quiere interpretar alguna obra clásica española, tiene que pasar por sus partituras, que se alquilan para cada función.

Casares no sólo tiene a su nombre la partitura de La Revoltosa, de Chapí. También aparece como "autor" -según la propia base de datos de la SGAE, que se puede consultar en Internet- de otras zarzuelas del siglo XIX como "Pan y toros", "Mis dos mujeres" o "Los diamantes de la corona", compuestas por Francisco Barbieri; o "La viejecita", de Manuel Fernández Caballero.

En teoría, todas estas zarzuelas están libres de derechos. Según la ley española, a los 80 años de la muerte del autor, la obra pasa al dominio público. Este plazo de 80 años rige igual para cualquier creación, sea un libro, un drama teatral o una zarzuela. No hay que pagar derechos, por ejemplo, por reeditar a Cervantes o por interpretar una obra de Lope de Vega.

Sin embargo, la ley permite reelaborar versiones sobre obras ya creadas y estas reediciones generan nuevos derechos de autor durante 25 años más. La ley no obliga a que la versión sea muy diferente de la original. Basta con cambiar tres notas, o una simple coma, para que, a efectos legales, sea una obra nueva por la que se puede volver a cobrar.
Por medio de este subterfugio legal, la SGAE sigue recaudando a través de las partituras que elabora el ICCMU por zarzuelas del siglo XIX que ya han pasado al dominio público. También cobran derechos los nuevos "autores": los que firman esas nuevas versiones que, técnicamente, el ICCMU llama "ediciones críticas".

Esta práctica que permite burlar la extinción del derecho de autor no es exclusiva de la SGAE. Sucede algo similar con gran parte del repertorio de ópera. En teoría, las óperas de Rossini o las sinfonías de Mozart son libres. Pero sus partituras no lo son.

Según Emilio Casares, la función del ICCMU no es perpetuar el derecho de autor de estas obras sino permitir que se interpreten: "La zarzuela se tocaba a partir de ediciones de canto y piano, no había ni una partitura de orquesta de zarzuela hasta 1992, cuando hicimos en el instituto la primera". Casares justifica que se cobre derechos de autor por estas ediciones críticas "porque así lo dice el artículo 128 de la ley de la Propiedad Intelectual". "Yo no veo maldad en esa ley, me parece una ley positiva. Creo que es de justicia que se cobren derechos durante 25 años porque recuperar esas partituras es un trabajo de chinos. La edición crítica tiene la misma función que preservar una catedral, o un códice", asegura Casares. Según sus datos, alrededor del 80% de las partituras que recuperan no están en el dominio público. "Negociamos con los herederos para que cedan un porcentaje de entre el 10% y el 20% al instituto, a la editorial y al autor de la edición crítica. En el caso de que sea una obra que estén en el dominio público, el 40% es para la editorial, el 30% para el autor y el 30% para el instituto".

En el caso de La Revoltosa, por ejemplo, el último de sus tres autores en morir fue José López Silva, que falleció en Buenos Aires en 1925. A los 80 años, en el 2005, esta zarzuela pasó a dominio público. La edición crítica de Casares es del año 2006.

Los cambios que incluye esta edición crítica de La Revoltosa son prácticamente indistinguibles del original. Concretamente, Casares suprime las articulaciones de notas picadas en trompetas y trombones del preludio -seis notas en total-, pone entre corchetes tres compases y añade la nota fa a la partitura del oboe en el compás 325. Gran parte de estas modificaciones están ya registradas en la versión de La Revoltosa que grabó el director de orquesta Ataulfo Argenta en 1951. Para cualquier oído, sea experto o no, las diferencias son prácticamente imposibles de encontrar al escuchar la obra.
El 10% de la taquilla

Si Casares hubiese elaborado su edición crítica antes de que La Revoltosa pasase a dominio público, habría tenido que compartir los derechos que generase su adaptación con los herederos de los autores de esta zarzuela. Al hacerlo después, todo lo que recaude esa partitura es para él y para su editor, que es la empresa Arteria Promociones Culturales SL: una de las sociedades con ánimo de lucro del entramado de la SGAE, según figura en el propio archivo de SGAE. "Es un error informático", asegura Casares. "La verdadera editora es la Fundación Autor".

Al año siguiente de que Casares registrase su edición crítica de La Revoltosa, el Teatro de la Zarzuela de Madrid cerró su temporada lírica con la representación de esta obra. Fue durante un mes: del 22 de junio al 22 de julio de 2007. Los herederos de Chapí no vieron un euro de aquella representación. Sí cobraron, mientras tanto, Emilio Casares y la SGAE, a través de su editorial. Según el Ministerio de Cultura, el Teatro de la Zarzuela pagó por La Revoltosa 4.071 euros por el alquiler de las partituras y otros 19.826 euros por los derechos de autor, sólo por estas representaciones.
Los precios por los derechos y las partituras que se pagan por las zarzuelas han provocado quejas, incluso por parte de artistas de renombre, como Montserrat Caballé. "Fuera de España, siempre me gusta incorporar una parte de zarzuela; sin embargo, en muchas ocasiones resulta imposible porque se dice que los impuestos de la SGAE sobre los autores españoles son muy elevados", denunciaba Caballé en una entrevista el año pasado en el diario El Comercio. "Me acaba de ocurrir en el Carnegie Hall, de Nueva York. Yo me enfadé mucho, pero no es nada nuevo. Se quejan igual en Viena o en Berlín".

Además de Emilio Casares, otros muchos autores han estado registrando ediciones críticas de viejas zarzuelas por encargo del ICCMU. En su caso, es más relevante porque es Casares quien encarga estos trabajos, a través del instituto que dirige. "Sería una inmoralidad que no hiciese ninguna edición crítica", argumenta Casares. "Tengo que hacer alguna porque si no dirían que soy un caradura que no sé hacer ese trabajo".

El objetivo inicial de ese proyecto era recuperar partituras que estaban muy deterioradas. En muchas de esas obras, la versión crítica está más justificada porque el compositor que restaura la partitura tiene que reconstruir, literalmente, algunos fragmentos perdidos cotejando distintas versiones. Sin embargo, tienen menos sentido las ediciones críticas de las obras más famosas de Chapí o Barbieri, que nunca han dejado de interpretarse y cuyas partituras estaban perfectamente conservadas.

Irónicamente, uno de los fundadores de la SGAE, en 1899, fue el maestro Chapí.

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Quisiera hacer unas puntualizaciones al artículo aparecido el pasado día 28 de julio en su periódico, bajo el título “La SGAE se queda con ‘La Revoltosa’ y se olvida de Chapí”.

Estoy segura de que su diario tendrá en estupendo departamento de documentalistas, a los que no les resultará difícil encontrar la larga y reputada trayectoria profesional del Dr. Casares, que, desde su cátedra primeramente en la Universidad de Oviedo, donde comenzaron los estudios de Musicología, y posteriormente en la Universidad Complutense, ha ayudado a cambiar el conocimiento de la historia de la música española. Dado que es una personalidad sobradamente reconocida en todo el mundo, no voy a insistir en ello, pero siquiera destacar que, gracias a su labor al frente del Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), ha cambiado también la presencia de la música española, fundamentalmente del siglo XIX, en las salas de conciertos nacionales y extranjeras, tanto en conciertos, como en representaciones o grabaciones, posibles, precisamente, gracias a las ediciones de obras prácticamente desconocidas por el público en general e, incluso, los especialistas.

Como Directora del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE (CEDOA), desde el que salen la mayoría de las partituras para las representaciones de zarzuela, quiero aclarar algunas cosas a raíz de ese reportaje suscrito por Ignacio Escolar:

1.- Jamás la SGAE podrá olvidarse de D. Ruperto Chapí, su fundador en 1899 junto a D. Sinesio Delgado. Cualquiera de los investigadores que visitan nuestro Centro de Documentación se encuentra con los bustos de ambos enmarcando la puerta de acceso a la Sala de Consulta.

2.- El propio D. Ruperto Chapí cedió su Archivo a la primitiva Sociedad de Autores Españoles, de la que la SGAE es heredera, en el momento de su fundación. Y, como él, el resto de los autores fueron depositando aquí sus partituras, estableciendo claramente en los Estatutos de la Sociedad que sólo la Sociedad de Autores podría encargarse del alquiler de dichas obras y el cobro de los derechos correspondientes.

3.- No es cierto que haya que alquilar la edición de La Revoltosa, a la que D. Ignacio Escolar alude, cada vez que una compañía quiere representar dicha obra. Si se toma la molestia de buscar en la base de datos de la SGAE, verá que hay numerosos registros de esta obra, desde el primitivo de D. Ruperto Chapí, ya en Dominio Público, y a disposición de cualquier compañía que así lo requiera, como muchos otros, que nada tienen que ver con las ediciones de la SGAE ni con el ICCMU. Por poner sólo un ejemplo, La Revoltosa que se ha visto este verano en los Teatros del Canal, no ha usado ninguna de estas ediciones.

4.- Lo que diferencia a las ediciones SGAE/ICCMU de las otras es que estas pueden consultarse y cuentan con un estudio científico de la obra y unos criterios de edición, en los que se citan, además, todas las fuentes consultadas y todos los cambios que se realizan, bien para corregir errores perpetuados por la costumbre, bien para incorporar pasajes suprimidos por la censura —caso de La Gran Vía— o cualquier otra contingencia que la obra pueda haber sufrido. Pero todo esto está claramente indicado en las correspondientes ediciones.

5.- Es asombrosa la afirmación de D. Ignacio Escolar acerca de las partituras de Chapí o Barbieri “perfectamente conservadas”. Realmente conservamos en nuestro archivo, como un auténtico tesoro, los manuscritos de muchas obras de ambos compositores, pero imagino que es evidente para cualquiera que ningún director de orquesta va a dirigir con ese manuscrito. Cuando se emprende una edición, se hace, precisamente, para suplir esa dificultad de que los directores de orquesta no dispongan de una partitura general, cosa habitual hasta la edición en 1992 de Jugar con fuego, precisamente de Francisco Asenjo Barbieri.

Esta labor editorial ha permitido que vuelvan a los teatros obras que no se interpretaban habitualmente como Mis dos mujeres o Los diamantes de la corona, por citar algunos de los títulos que el Sr. Escolar menciona, así como algunas otras joyas como El juramento o El estreno de una artista de Gaztambide.

No sólo eso, sino que, gracias a este trabajo, la zarzuela ha aumentado de forma vertiginosa su presencia en el mundo.

6. Precisamente, en relación a este incremento de la zarzuela en los teatros internacionales, tengo que rebatir también las supuestas quejas de la Sra. Caballé, que dudo mucho hayan salido de su boca, ya que desde este archivo, que ella conoce, se sirven materiales a diversos teatros del mundo para sus conciertos. Por no remontarnos al pasado, el 23 de julio de esta año, la Sra. Caballé ha interpretado tres romanzas de zarzuela en un concierto en Umag (Croacia), sin que la Agencia artística que nos ha solicitado los materiales haya expresado queja alguna por nuestras tarifas, que son, como cualquiera de las compañías o intérpretes de zarzuela sabe, sensiblemente inferiores a las de cualquier editorial.

Para terminar, quiero decir, que nuestro Centro de Documentación está abierto a investigadores, cantantes, directores de orquesta, etc., que acuden a nuestra Sala de Consulta sin ningún problema y son atendidos con la mayor diligencia y profesionalidad posible. Se han realizado, a lo largo de estos últimos 20 años, trabajos de investigación, tesis doctorales, etc., etc., no sólo en España sino en el extranjero, y nos hemos convertido en un centro de referencia para todo aquel que desee estudiar el teatro lírico español.
Además, hemos recibido a diversos medios de comunicación para enseñarles nuestros tesoros y nuestra actividad, y, por supuesto, cualquier redactor de su periódico sería bien recibido.

Es muy fácil ensañarse en estos momentos con la SGAE. Dejemos que la justicia haga su trabajo y, por favor, déjennos a nosotros hacer el nuestro.

Mª Luz González Peña
Directora CEDOA

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La SGAE responde a mi artículo sobre La Revoltosa. Dicen que no olvidan a Chapí porque tienen un busto a la entrada

La SGAE también dice que se puede alquilar la partitura libre de derechos. Entonces, por qué el Teatro de la Zarzuela pagó más de 20.000€?