Saludos
Canon en el préstamo de libros: Bibliotecas Públicas
Yo solo queria puntualizar que este canon afectaria tambien a las bibliotecas municipales y a las bibliotecas universitarias. O sea que no se libraria ningun tipo de biblioteca. No obstante, los poderes publicos, por lo menos asi lo establecen las leyes en España, tienen una responsabilidad ineludible para con la difusion y el acceso a la cultura y al patrimonio cultural. Asimismo tambien tienen la obligacion de su conservacion y mantenimiento. Que puede imponer Europa al respecto? Eso no lo tengo yo claro....
Saludos
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muy bueno.
Uff, vaya historieta para justificar el recorte de la promoción de la Cultura entre los menos favorecidos!bscout escribió:De hecho hay que aclarar que las bibliotecas públicas nunca fueron gratuitas. Esto es, se financiaban y se financian hasta el momento con impuestos.
La propuesta, no conzco particularmente la que se aplicaria en España, es que hasta el momento todas las personas en la sociedad tienen que pagar por dichas bibliotecas, incluso quienes no las usan y esto crea una situación que no es óptima (ya que hay una mala asignación en los recursos).
En otros sitios no sé, pero en Madrid las mejores, más grandes y más dotadas bibliotecas municipales (públicas y gratuitas) están en los barrios más pobres y desfavorecidos (Villaverde y Usera). Esto es así porque su misión es promocionar la Cultura entre los que no pueden costearse su acceso a la misma en el mercado. Las bibliotecas públicas no se inventaron para que los ricos pudieran leer; los ricos van a las librerías y compran y se llevan a su casita en propiedad lo que les place leer.
En España supuestamente tenemos un Estado Social (y Democratico y de Derecho, artículo 1.1 de la Constitución). Y el mandato constitucional de que los poderes públicos promocionen la Cultura:
Obsérvese el detalle: "reales y efectivas", "remover obstáculos", "participación en la vida cultural". Por MANDATO CONSTITUCIONAL.Constitución Española, artículo 9.2 escribió:Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Dicho en plata: Srs. mercaderes, pongan sus sucias manos fuera de las Bibliotecas Públicas. Y el canon para las bibliotecas se lo meten por donde amargan los pepinos.
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HariSeldon
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Yo creo que no hay que aclarar nada, publico quiere decir que puede ir cualquiera, que no tiene que ver absolutamente nada con que sea gatuito, ya que nada es gratis (al final siempre le toca pagar a alguienbscout escribió:De hecho hay que aclarar que las bibliotecas públicas nunca fueron gratuitas
)El razonamiento no deja de ser falaz (aunque muy extendido), ya que se suele usar circunscrito a un campo, y no en su generalidad, por ejemplo, yo no voy a la universidad, por tanto, ¿por que tengo que pagar las universidades publicas?, o por ejemplo, por que se pagan con mis impuestos las operas en Madrid, si ni vivo en Madrid, ni me gusta la opera. Los impuestos no son finalistas, si no que segun mis, por otros lados escasos, conocimientos del tema van a una especie de fondo comun y de alli se sacan, sin ver si el euro x viene de un amante de la opera o nobscout escribió:hasta el momento todas las personas en la sociedad tienen que pagar por dichas bibliotecas, incluso quienes no las usan y esto crea una situación que no es óptima (ya que hay una mala asignación en los recursos).
Hasta hace pocos años el acceso a los museos era gratuito para los españoles (en España), la Union europea considero que esto discriminaba al resto de ciudadanos comunitarios, asi que el gobierno decidio que los españoles pagariamos tambien . Imaginate si puede imponer cosas europakolakor escribió:No obstante, los poderes publicos, por lo menos asi lo establecen las leyes en España, tienen una responsabilidad ineludible para con la difusion y el acceso a la cultura y al patrimonio cultural. Asimismo tambien tienen la obligacion de su conservacion y mantenimiento. Que puede imponer Europa al respecto? Eso no lo tengo yo claro....
ahí le has dado donde dueleHasta hace pocos años el acceso a los museos era gratuito para los españoles (en España), la Union europea considero que esto discriminaba al resto de ciudadanos comunitarios, asi que el gobierno decidio que los españoles pagariamos tambien . Imaginate si puede imponer cosas europa
Pero no habíamos quedado que ni los museos, ni las bibliotecas, ni siquiera la opera y el teatro eran para cuatro gatos muertos de hambre??? y que con SALSA ROSA y las peliculas de HOLLYWOOD el ser humano tenía suficiente cultura???Al menos eso es lo que nos dicen y yo suponía que estos misteriosos lugares estarían completamente vacios? para que un canon sobre un lugar que no va nadie!!!!
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bluegardenia
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El 'impuesto a las bibliotecas' desata la protesta.
Escritores, intelectuales y artistas se movilizan contra el canon que impone la UE al préstamo de libros.
La compensación por los derechos de autor ha abierto en los últimos tiempos dos nuevos frentes. Uno, el canon por préstamo bibliotecario. España -en medio de las protestas de creadores, bibliotecarios y profesores- debe imponer ese gravamen que ya existe en otros países de la UE si no quiere pagar una cantidad mucho mayor: 300.000 euros diarios de multa impuesta por el Tribunal Europeo. El otro canon, el digital, enfrenta a los ministerios de Industria y Cultura. Ambos deben ponerse de acuerdo antes del 25 de marzo en la cantidad que hay que pagar por los dispositivos electrónicos que permiten copiar obras culturales. Este plazo puede alargarse por la presión que ejercen la industria y las entidades de gestión.
José Luis Sampedro, Andreu Buenafuente, Luis Eduardo Aute y otros rostros conocidos del mundo de la cultura han decidido batallar contra la imposición del canon por préstamo bibliotecario, aunque éste no beneficie precisamente su cuenta corriente. No entienden que Europa obligue a gravar la lectura de libros, la escucha de discos o el visionado de películas en estos centros por mucho que sea en concepto de derechos de autor.
"Nos negamos a servir de coartada a esta nueva maniobra de mercantilización de la cultura", argumentan. Por eso han dado su apoyo a la plataforma contra el préstamo de pago que se moviliza contra una medida inevitable. España está obligada a imponer un canon estimado en 1.600.000 euros anuales, y cuanto antes. Si no, el Tribunal Europeo -que le condenó en octubre de 2006 a 300.000 euros diarios de multa por incumplimiento de directiva- podría ejecutar su sentencia. Así las cosas, los partidos negocian in extremis la forma de incluirlo en la futura Ley del Libro, que se debatirá el próximo miércoles en la comisión de Cultura del Congreso y que podría estar aprobada en junio.
Las bibliotecas (el 96% son municipales) y mediatecas españolas prestaron el año pasado 44 millones de obras, en su mayoría (30 millones), libros. Y los autores nacionales, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la UE (como Francia, Reino Unido, Dinamarca y Letonia) no vieron un euro por el derecho derivado de lectura. "España transpuso en 1994 la directiva [de 1992]", explica Concepción Becerra, secretaria técnica del Ministerio de Cultura. "Pero excluyó a tantas bibliotecas que Europa la declaró mal aplicada e inició un procedimiento sancionador", que ha acabado en condena.
Todavía no se ha resuelto su aplicación. Pero si quedara plasmada la enmienda del grupo socialista, cada creador o editor (en el caso de creaciones colectivas, como enciclopedias) recibiría 20 céntimos a través de su entidad de gestión por cada ejemplar comprado con destino a una biblioteca. Quedarían exentas las salas de municipios de menos de 5.000 habitantes y las del ámbito educativo. Todo esto, hasta que se apruebe el decreto que debe fijar la cuantía de la remuneración y los mecanismos para hacerla efectiva. El PP exige que se le ponga fecha a ese desarrollo normativo.
En cualquier caso, es un dinero que no saldrá ni del bolsillo de los usuarios ni de los presupuestos de las bibliotecas. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, no se ha cansado de repetirlo y Becerra lo hace de nuevo. "Los que van a estar obligados al pago van a ser los titulares de esos establecimientos", explica, en la línea de lo estipulado en la enmienda socialista: "El Estado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales podrán acordar los mecanismos de colaboración necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración".
Este modelo de aplicación del canon por obra comprada es el que practica Francia. No así otros países europeos, que gravan los préstamos. "En CEDRO [Centro Español de Derechos Reprográficos] pensamos que este último sistema sería el más lógico", afirma su vicepresidente primero, Juan Mollá. Para los autores y editores, resultaría, además, más rentable: cinco millones de euros frente a los 1,6 manejados por Cultura. "No es una cuestión de dinero", dice Mollá. En esto coincide con el secretario general de la Asociación Colegial de Escritores de Catalunya, José Luis Giménez Frontín: "Es calderilla. Se trata de una cuestión de principios, de respeto al derecho de propiedad intelectual".
La plataforma contra el canon, promovida por un grupo de bibliotecarios, profesores y creadores, cree que ya se les reconocen suficientemente sus derechos de autor. Y que se los pagan cada vez que se compra un libro. Se oponen porque supone un doble obstáculo: para las bibliotecas, a las que "les está costando mucho trabajo remontar un retraso de 40 años de dictadura"; y, también, para el fomento de la lectura en un país en el que los índices son bajos y en el que además no se llega a la ratio deseable de tres libros por habitante en los centros de préstamos (se queda en uno).
Blanca Calvo, consejera de Cultura de Castilla-La Mancha e impulsora de este movimiento contestatario cuando era directora de la Biblioteca de Guadalajara, cree que existen muchos intereses de por medio. "La directiva es de la Dirección General del Comercio Interior, que piensa que prestar libros reduce las compras. Y eso es mentira". Desde CEDRO, la responden: "El pago por préstamo no tiene como finalidad resarcir a los autores por posibles ventas de sus obras que se dejen de realizar, sino remunerarles por un determinado uso de ellas". Además, añaden: "Es indudable el papel cultural que desempeñan las bibliotecas y los beneficios que su trabajo reportan a los autores (...) Pero eso no debe eximirlas de cumplir otras obligaciones derivadas de la propiedad intelectual".
Calvo es consciente de que las autoridades españolas están atadas de pies y manos. Por eso propugna desde su consejería que si no queda otro remedio se pague el canon, pero a través de una oficina pública, no de las entidades de gestión. Su objetivo sigue siendo, en todo caso, que se pida una moratoria y que se renegocie la directiva apelando a la excepcionalidad cultural de un país muy alejado todavía de los parámetros saludables de lectura.
Es lo que trata de hacer también la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) a través de su cabecera europea EBLIDA. "La realidad es que no todos los países de la UE han tenido la misma evolución. Y al final el canon se planteó en su momento para proteger la cultura, para que el autor recibiera una ayuda", afirma Miguel Ángel Esteban, su presidente. "Y en España no hay canon, pero sí ayudas muy elevadas a la edición que no existen en otros países".
La oposición al canon que ejercen FESABID y la plataforma No al préstamo de pago ha tomado dos caminos distintos. Ante la sentencia condenatoria, el primero ha optado por colaborar con el ministerio sin renunciar a su objetivo de lograr la exención de pago por préstamo público. La plataforma ha decidido intensificar sus movilizaciones: manifiestos, recogidas de firmas y reparto de postales para que los usuarios de bibliotecas envíen a los grupos parlamentarios.
El canon es inevitable (además de en España) en Bélgica, Italia, Portugal, Luxemburgo e Irlanda, países también condenados por obstaculizar la armonización europea. El debate sigue en la calle.
Escritores, intelectuales y artistas se movilizan contra el canon que impone la UE al préstamo de libros.
La compensación por los derechos de autor ha abierto en los últimos tiempos dos nuevos frentes. Uno, el canon por préstamo bibliotecario. España -en medio de las protestas de creadores, bibliotecarios y profesores- debe imponer ese gravamen que ya existe en otros países de la UE si no quiere pagar una cantidad mucho mayor: 300.000 euros diarios de multa impuesta por el Tribunal Europeo. El otro canon, el digital, enfrenta a los ministerios de Industria y Cultura. Ambos deben ponerse de acuerdo antes del 25 de marzo en la cantidad que hay que pagar por los dispositivos electrónicos que permiten copiar obras culturales. Este plazo puede alargarse por la presión que ejercen la industria y las entidades de gestión.
José Luis Sampedro, Andreu Buenafuente, Luis Eduardo Aute y otros rostros conocidos del mundo de la cultura han decidido batallar contra la imposición del canon por préstamo bibliotecario, aunque éste no beneficie precisamente su cuenta corriente. No entienden que Europa obligue a gravar la lectura de libros, la escucha de discos o el visionado de películas en estos centros por mucho que sea en concepto de derechos de autor.
"Nos negamos a servir de coartada a esta nueva maniobra de mercantilización de la cultura", argumentan. Por eso han dado su apoyo a la plataforma contra el préstamo de pago que se moviliza contra una medida inevitable. España está obligada a imponer un canon estimado en 1.600.000 euros anuales, y cuanto antes. Si no, el Tribunal Europeo -que le condenó en octubre de 2006 a 300.000 euros diarios de multa por incumplimiento de directiva- podría ejecutar su sentencia. Así las cosas, los partidos negocian in extremis la forma de incluirlo en la futura Ley del Libro, que se debatirá el próximo miércoles en la comisión de Cultura del Congreso y que podría estar aprobada en junio.
Las bibliotecas (el 96% son municipales) y mediatecas españolas prestaron el año pasado 44 millones de obras, en su mayoría (30 millones), libros. Y los autores nacionales, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la UE (como Francia, Reino Unido, Dinamarca y Letonia) no vieron un euro por el derecho derivado de lectura. "España transpuso en 1994 la directiva [de 1992]", explica Concepción Becerra, secretaria técnica del Ministerio de Cultura. "Pero excluyó a tantas bibliotecas que Europa la declaró mal aplicada e inició un procedimiento sancionador", que ha acabado en condena.
Todavía no se ha resuelto su aplicación. Pero si quedara plasmada la enmienda del grupo socialista, cada creador o editor (en el caso de creaciones colectivas, como enciclopedias) recibiría 20 céntimos a través de su entidad de gestión por cada ejemplar comprado con destino a una biblioteca. Quedarían exentas las salas de municipios de menos de 5.000 habitantes y las del ámbito educativo. Todo esto, hasta que se apruebe el decreto que debe fijar la cuantía de la remuneración y los mecanismos para hacerla efectiva. El PP exige que se le ponga fecha a ese desarrollo normativo.
En cualquier caso, es un dinero que no saldrá ni del bolsillo de los usuarios ni de los presupuestos de las bibliotecas. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, no se ha cansado de repetirlo y Becerra lo hace de nuevo. "Los que van a estar obligados al pago van a ser los titulares de esos establecimientos", explica, en la línea de lo estipulado en la enmienda socialista: "El Estado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales podrán acordar los mecanismos de colaboración necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración".
Este modelo de aplicación del canon por obra comprada es el que practica Francia. No así otros países europeos, que gravan los préstamos. "En CEDRO [Centro Español de Derechos Reprográficos] pensamos que este último sistema sería el más lógico", afirma su vicepresidente primero, Juan Mollá. Para los autores y editores, resultaría, además, más rentable: cinco millones de euros frente a los 1,6 manejados por Cultura. "No es una cuestión de dinero", dice Mollá. En esto coincide con el secretario general de la Asociación Colegial de Escritores de Catalunya, José Luis Giménez Frontín: "Es calderilla. Se trata de una cuestión de principios, de respeto al derecho de propiedad intelectual".
La plataforma contra el canon, promovida por un grupo de bibliotecarios, profesores y creadores, cree que ya se les reconocen suficientemente sus derechos de autor. Y que se los pagan cada vez que se compra un libro. Se oponen porque supone un doble obstáculo: para las bibliotecas, a las que "les está costando mucho trabajo remontar un retraso de 40 años de dictadura"; y, también, para el fomento de la lectura en un país en el que los índices son bajos y en el que además no se llega a la ratio deseable de tres libros por habitante en los centros de préstamos (se queda en uno).
Blanca Calvo, consejera de Cultura de Castilla-La Mancha e impulsora de este movimiento contestatario cuando era directora de la Biblioteca de Guadalajara, cree que existen muchos intereses de por medio. "La directiva es de la Dirección General del Comercio Interior, que piensa que prestar libros reduce las compras. Y eso es mentira". Desde CEDRO, la responden: "El pago por préstamo no tiene como finalidad resarcir a los autores por posibles ventas de sus obras que se dejen de realizar, sino remunerarles por un determinado uso de ellas". Además, añaden: "Es indudable el papel cultural que desempeñan las bibliotecas y los beneficios que su trabajo reportan a los autores (...) Pero eso no debe eximirlas de cumplir otras obligaciones derivadas de la propiedad intelectual".
Calvo es consciente de que las autoridades españolas están atadas de pies y manos. Por eso propugna desde su consejería que si no queda otro remedio se pague el canon, pero a través de una oficina pública, no de las entidades de gestión. Su objetivo sigue siendo, en todo caso, que se pida una moratoria y que se renegocie la directiva apelando a la excepcionalidad cultural de un país muy alejado todavía de los parámetros saludables de lectura.
Es lo que trata de hacer también la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) a través de su cabecera europea EBLIDA. "La realidad es que no todos los países de la UE han tenido la misma evolución. Y al final el canon se planteó en su momento para proteger la cultura, para que el autor recibiera una ayuda", afirma Miguel Ángel Esteban, su presidente. "Y en España no hay canon, pero sí ayudas muy elevadas a la edición que no existen en otros países".
La oposición al canon que ejercen FESABID y la plataforma No al préstamo de pago ha tomado dos caminos distintos. Ante la sentencia condenatoria, el primero ha optado por colaborar con el ministerio sin renunciar a su objetivo de lograr la exención de pago por préstamo público. La plataforma ha decidido intensificar sus movilizaciones: manifiestos, recogidas de firmas y reparto de postales para que los usuarios de bibliotecas envíen a los grupos parlamentarios.
El canon es inevitable (además de en España) en Bélgica, Italia, Portugal, Luxemburgo e Irlanda, países también condenados por obstaculizar la armonización europea. El debate sigue en la calle.
Cuadruplico y voy a por más
La rapacidad recaudatoria de los sindicatos verticales "culturales" es cosa que no tiene parangón.
¿Cuestión de principios, dicen? ¿Respeto a los derechos de autor, argumentan?
Yo pregunto: ¿acaso las bibliotecas públicas roban los libros que tienen en préstamo, o los compran? ¿No queda ya pagado el autor por tanto?
Esto requiere medidas contundentes: vale, aceptamos canon por obra disponible en bibliotecas públicas. Digamos, un canon de cantidad X. Ahora bien, cualquier autor vivo o sus derechohabientes que quiera ver una obra suya en las bibliotecas públicas, deberá pagar a las mismas un canon "por gestión de servicio público" por un monto total de X*3. Conclusión: toda la literatura de 1930 (aprox.) hacia atrás disponible para el público sin canon en las bibliotecas públicas, y que dicho corpus (actualizado año a año, según nuevas obras dejen de estar sujetas a derechos de autor por el paso de los años) sea reeditado a precio de coste por una editorial pública destinada expresamente a surtir las bibliotecas públicas. ¡¡Ya veríamos cómo se les pasaba la tontería a los sindicatos verticales "culturales"!!
¿Cuestión de principios, dicen? ¿Respeto a los derechos de autor, argumentan?
Yo pregunto: ¿acaso las bibliotecas públicas roban los libros que tienen en préstamo, o los compran? ¿No queda ya pagado el autor por tanto?
Esto requiere medidas contundentes: vale, aceptamos canon por obra disponible en bibliotecas públicas. Digamos, un canon de cantidad X. Ahora bien, cualquier autor vivo o sus derechohabientes que quiera ver una obra suya en las bibliotecas públicas, deberá pagar a las mismas un canon "por gestión de servicio público" por un monto total de X*3. Conclusión: toda la literatura de 1930 (aprox.) hacia atrás disponible para el público sin canon en las bibliotecas públicas, y que dicho corpus (actualizado año a año, según nuevas obras dejen de estar sujetas a derechos de autor por el paso de los años) sea reeditado a precio de coste por una editorial pública destinada expresamente a surtir las bibliotecas públicas. ¡¡Ya veríamos cómo se les pasaba la tontería a los sindicatos verticales "culturales"!!
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los400postumos
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- Registrado: Sab 10 Jun, 2006 12:17
Aunque me duela decirlo, lo más sensato es pagar ese inevitable canon, puesto que, en caso contrario, España se vería obligada a pagar a la UE en concepto de sanción 300.000 euros diarios hasta la instauración de este. La cuestión ahora debería ser de qué modo pagar ese canon/robo/estafa. Entre las posibilidades que se están barajando se encuentran las siguientes:
a) Que quienes toman prestados material de la biblioteca, sean los que paguen (alternativa que según El País ya ha sido desechada por España)
b) Que paguen los titulares de las bibliotecas cada préstamo que realizan, lo que inevitablemente reduciría el vergonzoso número de las nuestras escasas bibliotecas.
c) Que lo paguemos entre todos, usuarios y no usuarios, como un impuesto más.
¿Que vaya mierda? Pues sí. Pero esto es lo que conlleva estar metidos en una Europa que anhela convertirse en la sombra de EEUU.
a) Que quienes toman prestados material de la biblioteca, sean los que paguen (alternativa que según El País ya ha sido desechada por España)
b) Que paguen los titulares de las bibliotecas cada préstamo que realizan, lo que inevitablemente reduciría el vergonzoso número de las nuestras escasas bibliotecas.
c) Que lo paguemos entre todos, usuarios y no usuarios, como un impuesto más.
¿Que vaya mierda? Pues sí. Pero esto es lo que conlleva estar metidos en una Europa que anhela convertirse en la sombra de EEUU.
Yo no daría esa sanción como palabra de Dios escrita en las tablas de la ley. Esa sanción es de un Tribunal Europeo, al que no le ha gustado (literalmente) la trasposición que ya se hizo al Derecho español de una Directiva Comunitaria. Primero, una decisión de un Tribunal es apelable. Y segundo, dudo mucho que dicha Directiva Europea haga absolutamente ineludible someter a canon (lo pague quien lo pague) el préstamo en las bibliotecas de titularidad pública. Y tercero, una Directiva siempre es reformable.los400postumos escribió:Aunque me duela decirlo, lo más sensato es pagar ese inevitable canon, puesto que, en caso contrario, España se vería obligada a pagar a la UE en concepto de sanción 300.000 euros diarios hasta la instauración de este.
Para opinar con verdadero fundamento acerca de la ineludibilidad de dicho canon, hay que leerse la Directiva en cuestión. Yo aún no lo he hecho. Pero no me voy a creer a pies juntillas el postulado de que la Directiva obligue a dicho canon, simplemente porque lo diga el Telediario o el sindicato vertical "cultural" de turno.
Mucho me temo que estamos ante un caso de "si cuela, cuela...".
Y yo me planteo, de ser verdad eso del canon, que entonces, de pagarlo mediante la opción c/ que se plantea, que sería lo esperable, no lo deseable, entonces la Biblioteca de mi ciudad debería ofrecer los mismos servicios que la de otras ciudades. Quiero decir, todas las bibliotecas deberían ofrecer los mismos servicios de préstamos en títulos, soporte y novedades. Porque esto es como todo, a pagar a diestro y siniestro, pero los que no viven en capitales de provincia, se fastidian porque no hay usuarios suficientes".los400postumos escribió: Entre las posibilidades que se están barajando se encuentran las siguientes:
a) Que quienes toman prestados material de la biblioteca, sean los que paguen (alternativa que según El País ya ha sido desechada por España)
b) Que paguen los titulares de las bibliotecas cada préstamo que realizan, lo que inevitablemente reduciría el vergonzoso número de las nuestras escasas bibliotecas.
c) Que lo paguemos entre todos, usuarios y no usuarios, como un impuesto más.
¿Que vaya mierda? Pues sí. Pero esto es lo que conlleva estar metidos en una Europa que anhela convertirse en la sombra de EEUU.
DXC, candidato al Principe de Asturias en todas las modalidades
Ayer vi de refilón una noticia en la televisión en la que hablaban dos personas representando a cada uno de los bandos, más o menos. Al de la $G... digo... C€DRO, no le presté mucha atención, sólo sé que se le llenaba la boca con la frase "derechos de autor". La otra entrevistada dijo que el canon estaba muy mal: el autor que vendía mucho apenas lo iba a notar (en realidad no lo necesita), y los que venden poco (la mayoría) iban a desaparecer de las estanterías. ¿De qué me suena esto a mí?
http://www.elpais.com/articulo/cultura/ ... icul_1/Tes
By MILLER
La UE expedienta a España por no aplicar el canon bibliotecario
Hay coincidencias que parecen todo menos casualidades. Ocurrió ayer con el polémico canon por préstamo bibliotecario, que todos los países europeos deben imponer para compensar a los autores de libros, discos y otras creaciones. Ayer, el mismo día en que la Comisión de Cultura del Gobierno lo integraba definitivamente en el proyecto de la Ley del Libro, a razón de 20 céntimos de euro por ejemplar, la Comisión Europea abría un procedimiento de infracción a España. Precisamente, por no haber cumplido la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que le condenó en octubre pasado por eximir a todas las bibliotecas públicas de cobrar este gravamen. España tiene ahora dos meses de plazo para presentar sus alegaciones. Si para entonces no se ha completado el procedimiento, el Ejecutivo comunitario podría pedir al tribunal que ejecute su sentencia e imponga una multa cifrada en unos 300.000 euros diarios.
"El procedimiento se abrió hace tiempo. Aquí no tenemos constancia de ninguno nuevo", confirmó Concepción Becerra, secretaria técnica del Ministerio de Cultura. "Hemos enviado un informe y estamos en fase de convencer de que no ejecuten la sentencia", precisamente alegando su inclusión en el proyecto de la Ley del Libro.
Los gobiernos españoles de la última década se han resistido todo lo que han podido a transponer correctamente la directiva de 1992 que obligaba a instaurar este canon. Fundamentalmente por considerar que España no era una sociedad lectora consolidada. Lo reconoció ayer el socialista Mario Bedera, en la Comisión de Cultura del Congreso. "Pero Europa ha dicho hasta aquí hemos llegado". Y se ha tramitado a toda prisa.
Ley consensuada
El canon, que no afectará a bibliotecas de municipios de menos de 5.000 habitantes, gravará provisionalmente con 20 céntimos -un reglamento deberá fijar la cuantía definitiva en un año- cada ejemplar comprado para una biblioteca, lo que supondrá 1.400.000 euros de ingresos por este concepto. Este dinero, que saldrá previsiblemente de las arcas de las administraciones central y autonómica, se la repartirán, a través de una entidad de gestión, en un 70% autores y en un 30% editores.
Este impuesto, que salió adelante sin el apoyo de BNG y ERC, se ha incluido
en el proyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, una norma muy consensuada con el sector y por los partidos -el 57% de las enmiendas se ha incorporado, entre ellas las de los nacionalistas para la "no invasión de competencias"- que sustituirá a la de 1975. El texto, que se debatirá el próximo jueves en pleno, regula el sector en su dimensión cultural y económica. Por una parte, establece, salvo excepciones, el precio fijo para los libros; los de texto se regirán por un régimen de libertad frente al anterior de los descuentos. Crea también el observatorio de la lectura y promete mayor apoyo a la industria y los creadores, entre otras cosas.
By MILLER
El texto completo en castellano, oficialmente publicado, de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.
Tras una primera lectura, y a falta de un análisis más a fondo, destacar:
Son un establecimiento, no cabe duda; son una categoría en sí mismas: "bibliotecas"; y dicha categoría está determinda: "titularidad pública".
Ergo que el Estado español exima de pagar el nuevo canon a las bibliotecas de titularidad pública cumple perfectamente con las excepciones previstas en la Directiva, y no veo por dónde las desborda.
Finalmente, me reafirmo en mi sospecha inicial: estamos ante un caso de claros intereses creados, donde el Gobierno debe favores a determinados lobbies de presión, y el nuevo canon si cuela, cuela.
Tras una primera lectura, y a falta de un análisis más a fondo, destacar:
- Crea ex nihilo "nuevos derechos exclusivos" [sic] (vid. art. 13.7 in fine) de propiedad intelectual, hasta entonces inexistentes, verbigracia: "el derecho de autorizar o prohibir el alquiler y préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor" [sic].
- Para el asunto que aquí nos trae, los libros, dichos derechos nuevos exclusivos corresponden "al autor, respecto del original y de las copias de sus obras" (art. 2.1).
- Estos nuevos derechos exclusivos "no se agotan en caso de venta o de otro acto de difusión de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor" [sic] (art. 1.4). OJO: ¡¡esto es una novedad jurídica!! Quiere decir que el acto de venta sobre un objeto en que se contenga fijada la obra sujeta a los nuevos derechos de autor, no da derecho al comprador a alquilar ni a prestar posteriormente dicho objeto (libro) sin el permiso del titular de los derechos de autor de la obra fijada en dicho objeto material legítimamente comprado. Esto es, verdaderamente, una conversión del derecho de propiedad intelectual en un derecho cuasi-real, ya que acarrea servidumbres al legítimo propietario del objeto en que se fija, siendo dichas servidumbres establecidas no respecto de la obra fijada sino del objeto continente de la misma.
- Un Estado miembro puede establecer excepciones (es decir, anular) dichos nuevos derechos exclusivos "siempre que los autores obtengan al menos una remuneración por esos préstamos" (art. 5.1).
- Sin embargo, acto seguido, art. 5.2, dice: "Los Estados miembros podrán eximir a determinadas categorías de establecimientos del pago de la remuneración a que se refieren los apartados 1 y 2." OJO: se refiere al punto anterior, donde decía que el Estado podía anular dichos nuevos derechos exclusivos si garantizaba que los autores obtuvieran una remuneración por los préstamos públicos.
Son un establecimiento, no cabe duda; son una categoría en sí mismas: "bibliotecas"; y dicha categoría está determinda: "titularidad pública".
Ergo que el Estado español exima de pagar el nuevo canon a las bibliotecas de titularidad pública cumple perfectamente con las excepciones previstas en la Directiva, y no veo por dónde las desborda.
Finalmente, me reafirmo en mi sospecha inicial: estamos ante un caso de claros intereses creados, donde el Gobierno debe favores a determinados lobbies de presión, y el nuevo canon si cuela, cuela.